Chilpancingo, Gro., 16 de septiembre de 2024.- La diputada María Irene Montiel Servín propuso reformar la Ley de Educación del Estado de Guerrero para que la Secretaría de Educación realice los trámites necesarios para que las comunidades marginadas accedan de manera efectiva a los servicios proporcionados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), facilitando el ejercicio del derecho a la educación en estas zonas de alta marginación, sin generar impacto presupuestal adicional.

En su propuesta, la legisladora plantea lograr un cambio positivo en la vida de la niñez y la juventud de zonas marginadas, a través de la educación.

“Con esta iniciativa que presento ante el Pleno, se busca abrir oportunidades para el crecimiento y desarrollo de todas y todos los guerrerenses, sin excepción alguna”, añadió.

Refirió que en sus recorridos por el estado ha tenido acercamiento y convivencia con muchas personas, lo que le ha permitido conocer sus problemáticas, dificultades y carencias, sobre todo en el ámbito educativo, ya que existen comunidades que no cuentan con la infraestructura básica para que la niñez y juventud ejerzan su derecho a la educación de forma digna.

En ese sentido, explicó que el país cuenta con una figura educativa subsidiaria que es el Conafe, organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública que brinda servicios de educación comunitaria desde la primera infancia, niñez y juventud de localidades de alta y muy alta marginación.

Sin embargo, refiere que existen ambigüedades en la ley que dificultan el accionar de la institución, ya que no obliga a alguna dependencia en la materia a coadyuvar, exigir y dar seguimiento al apoyo que brinda el Conafe, además de que en su portal oficial establece un esquema burocrático que dificulta a las comunidades ser atendidas con estos servicios.

Por eso, la legisladora plantea establecer en la Ley de Educación del Estado la obligación de la secretaría del ramo para coadyuvar con el Conafe y, a su vez, hacer los trámites necesarios para el adecuado actuar del Consejo, de modo que las comunidades alejadas accedan al derecho a la educación.